UN PARO QUE SE DILATA: ¿LA INCOMPRENSIBLE POSTURA DE LA CGT?

A estas alturas del gobierno de Mauricio Macri la actitud moderada y conciliadora de la cúpula de la CGT, dilatando el paro general resulta, a primera vista, incomprensible tras 10 meses de saqueo y trasferencia de recursos desde los asalariados a los sectores concentrados vía devaluación, despidos, endeudamiento y fuga de capitales.

Quizás en los primeros meses de gestión del PRO podía resultar razonable, lógica una postura prudente, “responsable” ante el temor de quedar en orsay, “descolocados” frente a una opinión publica expectante por el nuevo gobierno.

 Hoy, con la degradación de la situación económica-social y una imagen presidencial en franco declive, a la postura moderada de la CGT es complicado encontrarle justificación.

Mientras la banca transnacional, la oligarquía rural y las mineras fueron rápidamente hiper-beneficiadas con la devaluación y eliminación de retenciones (atendidas velozmente sus demandas), el costo de semejante ajuste cayó sobre los asalariados formales e informales, jubilados y beneficiarios de planes sociales quedando sus ingresos al menos 10 puntos por debajo de la inflación anual.

En ese escenario de transferencia de recursos a los sectores dominantes la espera, la paciente vigilia de la CGT de un bono a fin de año y una rebaja en el impuesto a las ganancias en el aguinaldo resulta hasta irónicamente risueña para el universo de los laburantes.

Unas de las razones, que se esgrimen para intentar comprender esta actitud moderada por parte de la cúpula sindical, se hallarían en la devolución del manejo de las obras sociales a los gremios.

Quizás pueda ser una de las razones de esta actitud “prudente” de la cúpula cegetista.

“La moderación paga, la polarización no” se debe especular en el razonamiento sindical conciliador.

Sin embargo, esto resulta insuficiente o explica parcialmente el problema.

Sería bueno indagar sobre el diagnostico de fondo entre los gestores del PRO y sectores sindicales sobre la situación general del país.

Si hurgamos en ese diagnóstico nos vamos a encontrar que ambos sectores incluso antes de la llegada de Macri al gobierno, en el instancias preelectorales, coincidían que el ajuste y el  “sinceramiento” de la economía era el horizonte que debía recorrer la nueva gestión que reemplazara al kirchnerismo.

Si esa era y es la percepción de la cúpula sindical sobre la “herencia”, no resulta descabellada entender esta actitud apaciguadora de la CGT en tanto se percibe que los trabajadores deben colaborar en el esfuerzo social hasta que el crecimiento económico se recomponga.

Es cierto, como lo señalan economistas afines al proceso anterior, que tras doce años globales de crecimiento, aumento del consumo popular, Argentina se encontró con el clásico problema de restricción externa o cuello de botella-por la relativa falta de divisas en el Banco Central- para continuar con un auge económico sostenido.

 Eso no justifica que el esfuerzo recaiga exclusivamente sobre asalariados y jubilados esperando que se relance una inversión privada por conglomerados locales y extranjeros beneficiados por una devaluación feroz.

Distinto hubiera sido la aplicación de un programa de racionalización pactado como se experimentado en otras latitudes, dado los límites y las dificultades en un capitalismo periférico para afectar y controlar rentas sin poner en jaque la gobernabilidad social y política (ej la resolución 125, año 2008), en donde los actores más integrados como los trabajadores registrados y de  mejores ingresos o pequeña y mediana burguesía pospongan consumo en tren de colaborar en un fondo de inversión que relance la economía para intentar integrar a asalariados precarizados o informales o mejorar ingresos sociales de los mismos.

Esto hubiera implicado la configuración de un nuevo régimen cambiario que mejorara las arcas del Estado mediante la vigencia de las retenciones e incluso su reactualización en relación del ajuste del tipo de cambio. Las retenciones, a su vez, ayudarían a desconectar los precios externos de los internos limitado el efecto inflacionario sobre sectores vulnerables de la sociedad.

Sin embargo, el gobierno con -hasta ahora la anuencia y coincidencia de la CGT- eligió una transferencia integral del excedente mediante la absorción y el bombeo de recursos del mercado interno a los grandes exportadores y el capital financiero, esperando que sean estos quienes devuelvan las gentilezas mediante la denominada lluvia de inversiones.

El problema es que hasta ahora las inversiones no se producen y el combo de devaluación liberalización cambiaria y endeudamiento solo ha servido para que la oligarquía local e internacional dolaricen sus activos y fuguen sus ganancias extraordinarias.

A este modelo elitista e inviable en términos sociales y económicos es que se viene adecuando la CGT.

IMPRESIONES DEL PARO

1) Primero,  el paro gremial del día martes 31 fue masivo y contundente, si bien es verídico que contribuyó a los altos niveles de ausentismo laboral el cese de actividades  del transporte público, lo cual imposibilitó que muchos asalariados pudieran llegar a sus ámbitos de trabajo en caso de que no adhirieran al Paro.

2) En relación a la demanda puntal, como máxima, de eliminar el impuesto a la ganancia sobre el trabajo o al menos elevar el mínimo no imponible, hay que tener en consideración dos cuestiones a priori:

  

  a)En países desarrollados  que supuestamente tenemos como espejo a imitar -Noruega Alemania-, este impuesto existe y es pagado desde escalas salariales aún menores que en nuestro país.

 b)En Argentina,  el impuesto a las ganancias, es archisabido, grava a una minoría del universo de  trabajadores en relación de dependencia.

3)No obstantes, es cierto que hace un poco de “ruido”, en términos de justicia distributiva, que el laburante, el proletario más o menos calificado sea gravado con este impuesto mientras sectores rentísticos como el ámbito financiero o el mercado bursátil son eximidos de esta presión tributaria.

Tal vez en este asunto el gobierno o la próxima gestión (resulte k o no)  debería abrir una agenda de discusión con los distintos actores involucrados del mundo sindical y el sector empresario  en relación con una reforma impositiva de tipo progresista.

Esta mesa de diálogo se deberían, incluso, reconocer posibles costos  o efectos contraproducentes que pudieran implicar una orientación en ese sentido para la gobernabilidad de la economía argentina como una intensificación de la fuga de capitales y de la demanda de la divisa norteamericana que perjudicara a la mayoría de los asalariados con ingresos fijos.

Además, hay que decirlo, los trabajadores  de mayores ingresos contribuyeron durante estos años al drenaje de divisas. Por ejemplo, durante el año 2014 un tercio del achicamiento de las reservas fue provocado por este sector. Ergo no resulta descabellado pensar que puede haber cierto temor desde el Ministerio de Economía del “rusito” Kicillof a que un  aumento en el mínimo no imponible implique nuevos recursos en manos de los trabajadores que  puedan “volar” a la compra de dólares, colaborando con una futura devaluación con todos los perjuicios que eso conlleva para el resto de los trabajadores.

 4) En relación al carácter político del Paro, habría que aclarar en una primera digresión que todo Paro es intrínsecamente político si reconocemos que el ámbito de lo “político” incluye  la  dimensión conflictiva.

En este caso particular, se trata de  un antagonismo entre una parte significativa del mundo sindical que actúa como grupo de presión (aunque ellos se auto-perciban como representantes del interés general de los trabajadores, son mal que les pese un grupo de presión)  para intentar arrancarle al  gobierno  las políticas públicas que beneficien o al menos que  no perjudiquen a sus afiliados, en este caso concreto la cuestión impositiva.

Pero  no  es este el significado cuando se denuncia, se estigmatiza al paro gremial, sobre todo desde el oficialismo, de “paro político”.

Más allá de la naturaleza conflictiva, desde el elenco gubernamental se percibe  en este Paro un propósito superior por parte de los responsables a una  demanda social o económica, legítima o no, discutible o no. Se percibe en este cese de actividades  un interés político de mayores dimensiones vinculado al objetivo de degastar la imagen e incluso  la gobernabilidad del oficialismo kirchnerista frente a la cercanía de las elecciones nacionales presidenciales  y evitar  de este modo la continuidad del actual proyecto en el gobierno.

Es obvio que en esta percepción, en este diagnóstico del Frente por la Victoria no es desacertado,  algo de eso existe. Los actores involucrados en el Paro no son ingenuos y son conscientes que contribuyen a desgastar políticamente al gobierno, más allá de la demanda sindical en particular.

5)  En este contexto, hay que decirlo (aunque duela ya que tengo varios amigos ahí) el rol de los partidos o sindicatos pertenecientes al segmento izquierdista deja mucho que  desear

Si la izquierda, en todo el proceso K,  ha buscado diferenciarse del gobierno y es opositor al mismo en función de respetar sus principios programáticos y axiológicos en cierto punto es respetable, pero la incoherencia o la contradicción ideológica es evidente si te movilizás o “parás” con el sindicalismo más rancio y conservador, mientras te aplauden los sectores partidarios de derecha al borde de una elección nacional en connivencia con el aparato mediático hegemónico.

Las izquierdas “viven” criticando y visibilizando las contradicciones, los dobleces por derecha del gobierno nacional y popular desde un purismo ideológico y axiomático que ellos violan desde el momento que confluencian fuerzas con sectores más reaccionarios y recalcitrantes del mapa político y sindical vernáculo.

Si te vas a diferenciar del gobierno nacional por “izquierda”, distanciate de modo claro y contundente en la práctica política y social de la derecha sindical, partidaria y mediática, que a priori resultaría una empresa más  factible por la abismal distancia ideológica. Pero no. Autojustifican  que su accionar está fundado en  una alianza táctica y coyuntural para desgastar al gobierno “burgués” tibiamente reformista, pero observando las encuestas previas a las elecciones presidenciales del presente año no se percibe un giro hacia la izquierda de la sociedad argentina, sino todo lo contrario.

Por otra parte, la derecha partidaria busca capitalizar cada protesta o demanda social  de naturaleza patronal o sindical con discursos y propuestas facilistas o demagógicas de difícil concreción sino se desea desfinanciar al Estado.

Si sectores de la burguesía y clases medias reniegan del cepo cambiario, la derecha institucional sale apresurada al espacio mediático a prometer su eliminación en caso de llegar a la Casa Rosada. Si el “campo” pide eliminar las retenciones su discurso es similar. Si los gremios, como en este caso, reclaman por el impuesto a las ganancias, prometen su inmediata supresión.

En caso hipotético de ser oficialismo la derecha, a partir  de un triunfo electoral en las presidenciales de este año, y  dar respuesta  a las demandas con estos criterios impositivos, no habría economía ni Estado que aguante.

 De aplicar este menú de medidas, quedaría desguazado de recursos el sector público para cumplir con sus políticas sociales entre otras. Salvo que se remita al endeudamiento para gasto corriente o para garantizar un funcionamiento mínimo del aparato estatal. Sería un regreso a una variante neoliberal. Ya sabemos como termina eso.