TENSIONES ENTRE BIENESTAR SOCIAL Y EXTRACTIVISMO EN AMERICA LATINA

En los años ’90, los movimientos sociales desocupados en Argentina y movimientos indígenas en otros países latinoamericanos, además de experiencias más institucionalizadas como el PT en Brasil o el Frente Amplio en Uruguay, inauguraron  la grieta antineoliberal.

En una cultura hegemonizada por el neoliberalismo donde la suerte de las personas se resolvía en el dios mercado y la política estaba subordinada a los poderes fácticos, los movimientos sociales y estas experiencias partidarias, que confluían en foros sociales internacionales, comenzaron a poner en agenda pública una serie de demandas anti-neoliberales como la resistencia a las privatizaciones, la recuperación de la soberanía estatal, la búsqueda de autonomía nacional de las políticas de ajuste de los organismos internacionales de crédito, la recuperación de las fuentes de trabajo, la universalización de las políticas sociales.

Estas demandas lograron construir hegemonía social,  especialmente a partir de los últimos años del siglo pasado y principios del XXI, logrando concretar y cristalizar dicha trasformación social y cultural en el ámbito político, reflejado en una serie de liderazgos progresistas en América Latina que tomaron dicha agenda. De modo más radical en Venezuela, Bolivia, y Ecuador, más tibiamente en Uruguay y Brasil, ocupando un lugar intermedio el kirchnerismo en Argentina (1)

Esa orientación contestataria,  se ve reflejada en el “No al ALCA” y los intentos de fortalecer la integración latinoamericana con la ampliación del Mercosur, y la creación de nuevos marcos institucionales supra-regionales como la Celac y la Unasur. 

Instancias donde se integra a Cuba evitando de este modo la discriminación histórica que sufre ese país en la OEA (Celac-Cuba). Además regresa el Estado, que había prácticamente sido sepultado por la ola conservadora de los ‘80 y ‘90, con nacionalizaciones, estatización y regulación sobre la economía en diferentes escalas e intensidades; la política aparece arbitrando, limitando  las facciones capitalistas y no como mero instrumento al servicio de las clases dominantes (Sotolowiz, Beatriz 2004).

Después de 12 años en promedio en la región de estas experiencias progresistas, se puede decir que el saldo es positivo en términos económicos y sociales. Se ha  producido cierta movilidad social ascendente de sectores sumergidos  en  la pobreza que pasaron a  formar parte de la clase media. Se ha ampliado el mercado interno y se han generado millones de puestos laborales.

Sin embargo, estos logros se vienen desarrollando, desenvolviendo sobre economías extractivistas y primarizadas con  problemas significativos  en términos socio -ambientales.

Se presenta un dilema entonces de compleja resolución entre bienestar social y material y armonía socio-ambiental. Este dilema está presente tomando como ejemplo la letra de la Constitución Boliviana donde se reconoce el “buen vivir”, el pachamamismo y la armonía con la naturaleza en uno de sus artículos  conjuntamente con la búsqueda de la justicia social en los sectores indígenas tradicionalmente discriminados y excluidos (ver Constitución Boliviana).

Se puede decir que estos dos objetivos centrales en la agenda de los gobiernos progresistas  son los que entran en tensión actualmente en  América Latina.

Sin embargo, el problema del  extractivismo basado en una economía preponderante de  exportación de materias primas es un problema estructural de siglos en América  Latina desde la vieja colonia española pasando por la británica en el siglo XIX hasta la dominación de las transnacionales norteamericanas en el siglo XX hasta esta parte. Basta con darle una hojeada a “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano para dar cuenta de esto ( Galeano Eduardo, 2003) .

Igualmente, desde cierto pensamiento progresista ambientalista está tensión entre mejora social y ambientalismo  pareciera no existir.

En este sentido, se niega toda mejora social  o material en estos años alegando que el rédito económico en las localidades donde se produce el extractivismo es escaso y que los gobiernos nacionales sólo consiguen algunas “migajas” para mantener cooptados con planes sociales a los sectores pobres urbanos ( Svampa Maristela, 2013).

Lo cierto es que la creciente demanda internacional de los comodities, aunque no es la única causa, ha dotado a los gobiernos progresistas de divisas para mantener la gobernabilidad económica y la mejora sustancial de vastos sectores de la  población, en términos salariales y generación de empleo.

A diferencia de las gestiones neoliberales, que dejaron hacer un extractivismo en beneficio total a las multinacionales, las experiencias progresista han aplicado diferentes mecanismos -desde retenciones, regalías hasta estatizaciones- para captar parte de la renta en beneficio de sectores populares ( Garcia Linera Alvaro, 2011).

Igual, se hace necesario matizar la profundidad redistributiva de los gobiernos populares actuales. Estos a diferencia de sus homónimos de los años ‘40 y ‘50 se hallan con capacidades estatales recortadas frente a la denominada globalización financiera.

En esos años se podía ensayar una suerte de Estado de bienestar y políticas con mayor profundidad redistributivas tomado como referencia el  welfare europeo en base al pacto capital-trabajo fordista. Pacto que entra en crisis en la década del ‘70 del siglo pasado, y cuyos efectos aún sufrimos por la renuencia de la casta de capitalistas a reinvertir sus ganancias y su propensión a “la fuga permanente” en el casino de la globalización financiera mundial, en paraísos fiscales, sin contar con el chantaje que le realizan a los Estados exigiendo políticas de recorte salarial y flexibilización laboral si quieren gozar de sus servicios como inversores ( García Delgado Delgado, 2001).

Aún en este contexto de dificultades y hegemonía financiera global, los gobiernos progresistas han logrado avanzar en la lucha contra el flagelo de la indigencia con políticas sociales universales.

No obstante la media histórica de trabajo  informal (en negro) sigue siendo alta y es uno de los déficits laborales evidentes por los que deben seguir luchando y gestionando los procesos progresistas.

Para reducir  este flagelo, desde la perspectiva  de las gestiones progresistas latinoamericanas se hace  necesario captar  y producir mayores porciones de rentas extractivistas que se orienten, se podría decir aun a costa de generalizar,  a dos grandes objetivos:

A) Generar procesos virtuosos de encadenamiento productivo de industrialización o lo que se denomina generar valor agregado en las exportaciones de materias primas, al tiempo que se profundice la sustitución de importaciones y la diversificación económica que reduzca la dependencia externa.

B) Otorgar apoyo financiero y  crediticio a las empresas  de pequeña escala que se les dificulta blanquear personal por las “altas cargas sociales” así como a los pequeños emprendedores de la economía popular que no poseen el material técnico ni los recursos económicos para siquiera comenzar sus proyectos.

En resumen, de lo que se trata, para la perspectiva progresista, es ampliar el excedente extractivista para volcarlo a la diversificación del aparato productivo que fomente exportaciones innovadoras al tiempo  que reduzca la dependencia importadora, problemas estructurales de las economías periféricas ( García Linera Alvaro, 2011).

En este marco, la búsqueda de inclusión social y laboral y las tensiones protección medio ambiental se presentan como un dilema de complicada resolución en el capitalismo dependiente y periférico.

Un primer paso posible en tren de reducir, minimizar los impactos socio-ambientales del extractivismo sería agudizar la actuación fiscalizadora del Estado, respetando a rajatabla la normativa actual en términos de exigir las mejores tecnologías, respetar las exigencias ambientales y establecer mecanismos de comunicación, participación y control ciudadana ( Gudynas, Eduardo 2011). Esto se podría lograr liberando recursos del propio extractivismo, aunque tendría el costo de reducción de partidas en otros ámbitos.

Ahora bien, una hoja de ruta que otorgue respuestas en un plazo razonable y solucione de cuajo la encrucijada bienestar social-ambientalismo implicaría, no sólo un problema de gestión gubernamental, sino un problema de concientización intersubjetiva desde la misma ciudadanía y sectores subalternos que generen una contra-hegemonía al modo de producción extractivista y el modo de consumo occidentalizado que el mismo sostiene.

Por lo que además de  reactualizar salarios, en las paritarias en  que los sectores medios y populares se ven beneficiados,  los sindicatos que los representen también deberían comenzar a pensar en términos cualitativos y no solo cuantitativos; porque una parte significativa de esos ingresos salariales suelen trasladarse al consumo internacionalizado que aspira divisas y que mantiene la industria concentrada y dependiente.

A modo de ejemplo, si tomamos el monocultivo sojero en Argentina, este sector provee de cuantiosas divisas que sirven para mantener la armaduría electrónica y automotriz que consume la clase media y no pocos sectores populares, por lo que habría que estar dispuesto en el caso de transitar el paso del agro-negocio a una agricultura agroecológica y diversificada a una merma de la generación de divisas por menor volumen y productividad exportadora, lo que implicaría una carencia de dólares para mantener  dicha armaduría.

Esta transición, de producirse, no es un lecho de rosas,  no se trata de una “realización mágica” como piensa cierto ultra-izquierdismo intelectual ( Sader Emir, 2009).

Primero porque encontraría  no sólo la oposición  del gran capital agrario internacional sino la resistencia de los medianos propietarios de la pampa húmeda, porque el cambio de paradigma productivo, exigiría volver a trabajar sus campos y dejar de vivir como rentistas en  este modelo concentrado de pool de siembras.

Segundo, porque segmentos no menores de clase media se verían privados del estilo de consumo occidentalizado al clausurar el ensamblaje industrial importador, por carencia de divisas para mantenerlo, (salvo que se apele al endeudamiento como lo hace hoy la derecha partidaria, pero la idea aquí está orientada a salir de la dependencia, no agudizarla).

De saldarse estos obstáculos, como consecuencia positiva y deseada,  esta limitación del “consumo americano”  minimizaría  la explotación petrolera, por la reducción de armado de automóviles.

Sin embargo aquí no concluye nuestro problema. Una vez solucionado esto, habría faltante de   divisa de la cual se nutren la fuga de capitales, lo que produciría una hiper-devaluación con consecuencias devastadoras para los salarios por un desplome de las reservas internacionales del Banco Central.

Anticipar este problema obligaría a profundizar las medidas con la estatización y nacionalización de la propiedad concentrada de la alta burguesía  industrial, financiera y agraria.

Esto tiene características  revolucionarias,  implica un cambio de radical de paradigma que incluiría altos  costos en ingobernabilidad y desestabilización institucional.  Se trata de un sendero complejo, problemático, altamente dificultoso y no ausente de sacrificios sociales y económicos, más si se realiza aisladamente desde un sólo  país.

Un camino, entonces, que tenga como horizonte la creciente emancipación de nuestros pueblos  quizás lleve décadas porque que requiere solidificar previamente la integración regional latinoamericana al tiempo de fomentar un mundo multipolar con alianzas estratégicas con otras naciones del sur como China, Rusia que permitan acumular suficientes fuerzas políticas sociales y económicas que puedan amortiguar o  limitar la reacción imperial prevista.

 (1)Revista América Latina en Movimiento, mayo 2012, 475.

BIBLIOGRAFIA

-Delgado Garcia  Daniel 2001, “Estado y Sociedad, la nueva relación a partir del cambio estructural”,(ed Norma)

-Galeano Eduardo, 2003(1971) “Las venas abiertas de América Latina” (Catálogos SRL, Bs As).

- Garcia Linera Alavaro 2011, “Las tenciones creativas de la revolución” http://www.alames.org/documentos/tensiones.pdf

-Gudynas Eduardo2011, “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo” http://es.scribd.com/doc/52945770/Diez-tesis-urgentes-sobre-el-nuevo-extractivismo-de-Gudynas#

 -Sader Emir 2009 “El Nuevo Topo”, (Clacso, Siglo XXI).

-Sader Emir y  Gentili Pablo 2003, “La trama del neoliberalismo, Mercado Crisis y exclusión social”, Clacso.

 -Svampa Maristella, 2013 “El consenso de los comodities” Revista Nueva Sociedad, marzo-abril .

- Stolowicz  Beatriz, 2004“La izquierda Latinoamericana, gobierno y proyecto de cambio” Revista Nueva Política Nr1https://www.tni.org/files/download/left-s.pdf

-Revista Académica “América Latina en Movimiento”, mayo 2012, 475.

-Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia //www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf

KIRCHNERISMO, ¿UN POPULISMO DE CLASE MEDIA?

Alvaro Garcia Linera, actual vicepresidente de Bolivia, recomienda como uno de los pasos para profundizar los procesos progresistas de América Latina consolidar las políticas redistributivas para los sectores bajos de la sociedad. Lo que considera el nucleo duro, el sector fiel, no volátil  de  los gobiernos progresistas.

En Argentina con el kirchnerismo, se puede decir que, a diferencia del primer peronismo, los más beneficiados han sido los sectores medios.

Con esto no se quiere enunciar que los sectores populares no se hayan beneficiado de las políticas  económicas del modelo. No hace falta  sino remitirse a los millones de puestos laborales, a las jubilaciones y asignaciones sociales universales para dar cuenta de tal evidencia.

Sin embargo, comparado con el primer peronismo, la profundidad redistributiva es menor para los sectores populares. Es sabido que aún sufren, a pesar de los avances y logros sociales mencionados, alto déficit habitacional y son víctimas de altos índices de empleo en negro o informal y pobreza. 

Esto, en gran medida, se explica porque  las capacidades estatales del Estado-Nación en este siglo XXI  de globalización financiera son bastante más limitadas que la del Estado de la segunda posguerra mundial del siglo XX. O como dice, en términos más compresibles, pero no por eso menos profundo, Hebe de Bonafini: “Evita y Perón manejaban un Crucero, Cristina una lanchita”.

Lo cierto es que han sido los sectores medios los más beneficiados con el modelo K. 

Esto se ve claramente reflejado en la explosión de consumo de automóviles y electrónica, los viajes masivos de argentinos “bien” y “no tan bien” (¡ja! ) al exterior, el drenaje permanente de dólares que absorben estos sectores, además del Procrear, tarifas subsidiadas y otros planes.

Es sabido la propensión de segmentos (no menores) de clases medias a pensar en clave hegemonizada liberal. 
Es decir pensar que su éxito económico es producto casi-exclusivo de su esfuerzo personal omitiendo  las actuaciones del gobierno o del estado, salvo cuando “les va mal”.

De allí que todo gobierno es percibido, a lo sumo, como un mal necesario para cuidar la “seguridad”. Pero si el gobierno no la garantiza y encima es percibido como una élite corrupta y privilegiada, es susceptible de ser cambiado al no hallar una correlación alguna entre su bienestar personal y la actuación del Estado.

La clase media ser perciben menos dependiente del Estado y su éxito lo esperan  lograr en el mercado, en el sector privado. 

Segmentos de clase media perciben al Estado como una carga que les absorbe dinero por los impuestos que sienten que después no los beneficiará.

Se sienten en condiciones de  poder  pagar una  educación de “calidad” para sus hijos en colegios y universidades privadas. Resuelven sus problemas de salud en clínicas privadas, no tendrían problemas de aportar en cuentas individuales para su jubilación en empresas privadas. 

El Estado los azota con una presión impositiva que va a beneficiar a los “vagos” o indeseables  mediante “planes sociales”.

Los sectores populares que han llegado tarde al reparto capitalista tienen, y sienten, mayor dependencia del Estado. Lo consideran, quizás,  el último piso para no pasar hambre.

Durante gobiernos neoliberales como los de Menem o De la Rua o conservadores como el de Eduardo Duhalde existieron políticas sociales destinados a sectores populares, pero eran de carácter focalizados o dirigidos exclusivamente a los sectores excluidos o vulnerados por la economía.

Con el kirchnerismo la política social se universaliza y tiende a convertirse en un derecho más allá de un “mero plan”. Esto es un avance sin dudas. 

Pero si se busca diferenciarse en la percepción de esos sectores con los otros gobiernos, y consolidar el núcleo duro, como dice Alvaro García Linera, quizás esto después de un tiempo resulte insuficiente.

A modo de ejemplo vale una anécdota personal:

Trabajando en talleres de educación popular con sectores vulnerables que recibían  la asignación universal, una de las beneficiarias me comenta que “su familia siempre fue ayudada por un plan social”, ya sea de carácter provincial o nacional, por lo que no notaba la diferencia de la actual gestión, por el kirchnerismo, con los anteriores.

Un gobierno progresista y popular tiene que ser percibido como diferente por parte de los sectores postergados y eso implica profundizar (acá y en la China) la redistribución del ingreso afectando a poderes económicos y limitando, incluso,  fuertemente el consumo ex-pureo de sectores medios.

No  es una empresa fácil, obvio, implica cambios económicos, afectando a capas altas de la sociedad y también culturales, cambiar patrones de consumo de dependencia y despilafarro en sectores medios.

Es fácil decirlo y pronunciarlo como hace cierta izquierda estricta, pero  no le podemos cargar la responsabilidad exclusiva a un gobierno.

El gobierno tiene que hacer lo suyo, (con una integración latinoamericana, o supra-regional previa dadas las limitaciones del Estado-Nación individual hoy) pero la ciudadanía tiene que tomar conciencia de esta problemática.

Porque un gobierno puede tener los mejores planes en este sentido pero cometer el "pecado" de actuar "en frío", desde arriba, sin la correspondencia de la sociedad y quedar deslegitimado o en orsai.

Algo de eso pasó cuando se quiso capturar la renta de la oligarquía agraria durante 2008.