BRICS, DEVALUACIÓN Y MERCADOS FINANCIEROS: DE IZQUIERDA A DERECHA

Ciertos sectores de izquierda o auto-referenciados de izquierda, intelectuales  sindicales y partidarios critican los acuerdos en infraestructura, energéticos y financieros llevados a cabo con China. Señalan que no habría  diferencia alguna con el imperialismo norteamericano, que imperio por imperio sería  lo mismo. Pero omiten identificar que la mayor importancia de los Brics, y de China en particular, puede modificar el tablero de la geopolítica internacional reemplazando  la hegemonía yanqui por  un escenario multipolar. En este sentido se ha explayado alguien del que no puede dudarse  pertenecer al universo izquierdista y que alguna experiencia en revoluciones tiene,  como es el comandante Fidel Castro, quien destacó la importancia de los Brics para intentar ponerle algún  limite a la hegemonía norteamericana, al tiempo que aplaudió los acuerdos alcanzados entre estos y América Latina.

En lo concerniente a una problemática más local o parroquiana, desde este espacio ideológico en asociación con todo el arco sindical, se promueve elevar el techo del impuesto a las ganancias que grava al 13% de los asalariados mejor pago del país.

Más allá de la justicia o no justicia del impuesto (tal vez sea más lo segundo que lo primero,  si se compara con  la moderada carga tributaria de sectores rentísticos en el país), en términos concretos, dichos asalariados como gran parte de los trabajadores formales en “blanco”,  han resultado en el periodo kirchnerista  beneficiados en la compra masiva de automóviles, electrónica, con lo cual, como es sabido, se agudiza un estilo de consumo y desarrollo internacionalizado acentuando la dependencia tecnológica y económica que generalmente se señala, no sin razón, desde estos mismos críticos al gobierno por izquierda.

Si se promueve la idea orientativa de un orden económico y político socialista que implique la soberanía popular y democrática en los principales resortes estratégicos de la economía local,  tal vez sea necesario alertar que el modo de consumo y el estilo de desarrollo que se puede avizorar si se busca cortar con la dependencia además de establecer una relación sustentable y armónica con el medio ambiente, va a ser bastante más austero que el vienen experimentando los trabajadores registrados que pagan impuestos a las ganancias en este periodo de capitalismo posneoliberal kichnerista.

Por otra parte, desde sectores de la derecha o voceros de la city o el establishment se señala la supuesta ausencia de un “clima de negocios”, o la falta de seguridad jurídica ante el desenvolvimiento de un gobierno de naturaleza conflictivo y crispado. Se sostiene que en  los primeros años pos-convertibilidad las inversiones regresaron tras la devaluación. Pero  con el transcurrir de los años, especialmente a partir de la presidencia de  Cristina Fernández y   producto de un desmanejo  deficitario del Estado, se acelera la fuga de capitales hacia la compra de divisas.

Este razonamiento que proviene del espectro conservador, omite señalar que los capitales arribaban cuando los salarios estaban pulverizados pero  ante el incremento gradual y constante de los ingresos  del sector popular durante el kirchnerismo -con la reapertura de las paritarias- la gran burguesía prefiere remitir sus extraordinarias ganancias a la compra de dólares.

Desde la perspectiva del gran capital, aumentos de salarios implican mayores costos si se hallan en algún sector productivo, y ante la alternativa de  colocar sus activos en la plaza financiera local prefieren atesorar en dólares en el exterior o en algún paraíso fiscal  por  temor a que una futura devaluación disminuya sus valores.

No pocos sectores populares y clases media ante los sucesivos aumentos salariales y ampliación del empleo registrado aceleran el consumo internacionalizado de bienes provistos por la armaduría de la industria automotriz y electrónica oligopolizada, demandando esta situación un incremento constante y sonante de divisas que  contribuye, conjuntamente con el pago de la deuda externa y la remisión de utilidades de los monopolios  extranjeros a sus casas matrices, a una sensible baja en las reservas del Banco Central.

Este proceso es  percibido por la  gran burguesía, que  agrava la restricción externa mediante  la fuga de sus capitales. Si a esto se le agrega la especulación de los liquidadores de granos por expectativas devaluatorias, demorando ventas o subfacturando exportaciones el combo de incertidumbre se completa.

Ante esta delicada situación el gobierno apela a frenar  la sangría mediante el control o la regulación en la compra de dólares (recordemos el denostado cepo cambiario) para evitar la temida devaluación de la moneda que disminuya los ingresos populares. Pero estos controles, además de generar un mercado negro de divisas (dólares blues) no logran evitar la crisis de balanza de pagos y de consumar la devaluación.

En Argentina, las devaluaciones han sido,  históricamente, parte de “programas de estabilización” -por no decir de ajuste- que profundizaban las efectos recesivos y distributivos de la devaluación mediante otras medidas (fuerte iliquidez, reducción del déficit fiscal, congelamiento de salarios y aumentos de la tasa real de interés), todas  cercanas a las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito o más específicamente del FMI.

La devaluación de enero del presente año compartió con las del pasado los efectos negativos no sólo recesivos y redistributivos en beneficio del  sector exportador,  sino también inflacionarios en los primeros meses aunque  trajo aparejado efectos  positivos como cierto alivio en la balanza de pagos y el sostenimiento de las reservas internacionales.

Sin embargo, aunque esta vez  el gobierno apela a algunos instrumentos típicos del recetario ortodoxo como la suba de la tasa de interés para desincentivar la compra de divisas y moderar la liquidez monetaria o la reducción de subsidios a las tarifas públicas,  por otra parte evita las medidas típicas de “austeridad” y recortes neoliberales con aumentos y ampliaciones en las asignaciones sociales, jubilaciones e incrementos salariales significativos en tren de recuperar poder de compra del sector popular.

Esto beneficia o al menos intenta evitar que la devaluación de enero golpeé de lleno a las clases populares al tiempo que mantenga cierta dinámica en el consumo que permita conservar la actividad de las fracciones más débiles de la burguesía urbana que “viven” del mercado interno.

Igualmente este accionar del gobierno  resulta provisorio y de emergencia  para “pasar el mal trago” o morigerar lo mejor posible los efectos perniciosos de la crisis del sector externo. Pero si se piensa  que  gobierno aspira a relanzar el ciclo de crecimiento que evite las suspensiones laborales o la incertidumbre laboral que genera la recesión en ciertos sectores de la economía y renueve la demanda y las inversiones, necesita alejar el fantasma de la restricción externa mediante el incremento de las reservas en el Banco Central.

Esto implicaría agudizar la audacia por parte de la actual administración apelando a estrategias que sustenten  nacionalizaciones y estatizaciones en el comercio exterior y el sistema financiero, como pregonan y comparten huestes ideologizadas que conviven en el interior del  kirchnerismo o de izquierdas opositoras, que permitan controlar el excedente económico mediante la liquidación segura  de divisas y “evitar la fuga”. Sin embargo, aparentemente el gobierno ha desechado esta alternativa radicalizada, tal vez por considerarla inviable y anacrónica en términos de gobernabilidad a estas alturas de un capitalismo ultra-globalizado.

En un capitalismo local profundamente oligopolizado e internacionalizado se ha preferido intentar normalizar las relaciones con la comunidad financiera  para poder acceder al flujo de los dólares frescos que permitan relanzar el ciclo de consumo y crecimiento (y lograr de este modo un techo más alto de la balanza de pagos); de allí la maratón de acuerdos finalmente  alcanzados con el Ciadi, Repsol, Chevron, el Club de París, que ha tenido como dato no menor en términos de soberanía, la ausencia del Fondo Monetario Internacional con sus conocidas recetas.

Esta estrategia gubernamental de acercamiento y conciliación  a los mercados financieros de crédito, tras las renegociaciones y reestructuraciones de deuda con “quitas” históricas durante el gobierno de Néstor Kirchner,  parecía encaminarse pero se topa con un fuerte obstáculo a partir el conflicto desatado con los denominados fondos buitres (y sus representante legal  norteamericano el juez Griesa) quienes,  a diferencia del 92% de los acreedores, exigen la totalidad del pago. El gobierno, en esta tensión con los buitres, vuelve a mostrar su mejor versión en defensa de los intereses soberanos del país, pero se traga el costo de aletargar los ingresos de divisas suficientes que permitan una salida veloz de la recesión.