Ciertos sectores de
izquierda o auto-referenciados de izquierda, intelectuales sindicales y partidarios critican los acuerdos
en infraestructura, energéticos y financieros llevados a cabo con China.
Señalan que no habría diferencia alguna con
el imperialismo norteamericano, que imperio por imperio sería lo mismo. Pero omiten identificar que la mayor
importancia de los Brics, y de China en particular, puede modificar el tablero
de la geopolítica internacional reemplazando la hegemonía yanqui por un escenario multipolar. En este sentido se ha explayado
alguien del que no puede dudarse pertenecer al universo izquierdista y que
alguna experiencia en revoluciones tiene,
como es el comandante Fidel Castro, quien destacó la importancia de los
Brics para intentar ponerle algún limite
a la hegemonía norteamericana, al tiempo que aplaudió los acuerdos alcanzados
entre estos y América Latina.
En lo concerniente a
una problemática más local o parroquiana, desde este espacio ideológico en
asociación con todo el arco sindical, se promueve elevar el techo del impuesto
a las ganancias que grava al 13% de los asalariados mejor pago del país.
Más allá de la justicia
o no justicia del impuesto (tal vez sea más lo segundo que lo primero, si se compara con la moderada carga tributaria de sectores
rentísticos en el país), en términos concretos, dichos asalariados como gran
parte de los trabajadores formales en “blanco”, han resultado en el periodo kirchnerista beneficiados en la compra masiva de
automóviles, electrónica, con lo cual, como es sabido, se agudiza un estilo de
consumo y desarrollo internacionalizado acentuando la dependencia tecnológica y
económica que generalmente se señala, no sin razón, desde estos mismos críticos
al
gobierno por izquierda.
Si se promueve la idea orientativa
de un orden económico y político socialista que implique la soberanía popular y
democrática en los principales resortes estratégicos de la economía local, tal vez sea necesario alertar que el modo de
consumo y el estilo de desarrollo que se puede avizorar si se busca cortar con
la dependencia además de establecer una relación sustentable y armónica con el
medio ambiente, va a ser bastante más austero que el vienen experimentando los trabajadores
registrados que pagan impuestos a las ganancias en este periodo de capitalismo
posneoliberal kichnerista.
Por otra parte, desde
sectores de la derecha o voceros de la city o el establishment se señala la supuesta
ausencia de un “clima de negocios”, o la falta de seguridad jurídica ante el
desenvolvimiento de un gobierno de naturaleza conflictivo y crispado. Se
sostiene que en los primeros años pos-convertibilidad
las inversiones regresaron tras la devaluación. Pero con el transcurrir de los años, especialmente a
partir de la presidencia de Cristina Fernández
y producto de un desmanejo deficitario del Estado, se acelera la fuga de
capitales hacia la compra de divisas.
Este razonamiento que
proviene del espectro conservador, omite señalar que los capitales arribaban
cuando los salarios estaban pulverizados pero ante el incremento gradual y constante de los
ingresos del sector popular durante el
kirchnerismo -con la reapertura de las paritarias- la gran burguesía prefiere
remitir sus extraordinarias ganancias a la compra de dólares.
Desde la perspectiva
del gran capital, aumentos de salarios implican mayores costos si se hallan en
algún sector productivo, y ante la alternativa de colocar sus activos en la plaza financiera
local prefieren atesorar en dólares en el exterior o en algún paraíso
fiscal por temor a que una futura devaluación disminuya
sus valores.
No pocos sectores
populares y clases media ante los sucesivos aumentos salariales y ampliación
del empleo registrado aceleran el consumo internacionalizado de bienes
provistos por la armaduría de la industria automotriz y electrónica oligopolizada,
demandando esta situación un incremento constante y sonante de divisas que contribuye, conjuntamente con el pago de la
deuda externa y la remisión de utilidades de los monopolios extranjeros a sus casas matrices, a una
sensible baja en las reservas del Banco Central.
Este proceso es percibido por la gran burguesía, que agrava la restricción externa mediante la fuga de sus capitales. Si a esto se le
agrega la especulación de los liquidadores de granos por expectativas
devaluatorias, demorando ventas o subfacturando exportaciones el combo de
incertidumbre se completa.
Ante esta delicada
situación el gobierno apela a frenar la
sangría mediante el control o la regulación en la compra de dólares (recordemos
el denostado cepo cambiario) para evitar la temida devaluación de la moneda que
disminuya los ingresos populares. Pero estos controles, además de generar un
mercado negro de divisas (dólares blues) no logran evitar la crisis de balanza
de pagos y de consumar la devaluación.
En Argentina, las devaluaciones han sido, históricamente, parte de “programas de estabilización” -por no decir de ajuste- que profundizaban las efectos recesivos y distributivos de la devaluación mediante otras medidas (fuerte iliquidez, reducción del déficit fiscal, congelamiento de salarios y aumentos de la tasa real de interés), todas cercanas a las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito o más específicamente del FMI.
La devaluación de enero
del presente año compartió con las del pasado los efectos negativos no sólo
recesivos y redistributivos en beneficio del sector exportador, sino también inflacionarios en los primeros
meses aunque trajo aparejado efectos positivos como cierto alivio en la balanza de
pagos y el sostenimiento de las reservas internacionales.
Sin embargo, aunque esta
vez el gobierno apela a algunos
instrumentos típicos del recetario ortodoxo como la suba de la tasa de interés
para desincentivar la compra de divisas y moderar la liquidez monetaria o la
reducción de subsidios a las tarifas públicas, por otra parte evita las medidas típicas de “austeridad”
y recortes neoliberales con aumentos y ampliaciones en las asignaciones
sociales, jubilaciones e incrementos salariales significativos en tren de recuperar
poder de compra del sector popular.
Esto beneficia o al
menos intenta evitar que la devaluación de enero golpeé de lleno a las clases
populares al tiempo que mantenga
cierta dinámica en el consumo que permita conservar la actividad de las
fracciones más débiles de la burguesía urbana que “viven” del mercado interno.
Igualmente este accionar del gobierno resulta provisorio y de emergencia para “pasar el mal trago” o morigerar lo mejor posible los efectos perniciosos de la crisis del sector externo. Pero si se piensa que gobierno aspira a relanzar el ciclo de crecimiento que evite las suspensiones laborales o la incertidumbre laboral que genera la recesión en ciertos sectores de la economía y renueve la demanda y las inversiones, necesita alejar el fantasma de la restricción externa mediante el incremento de las reservas en el Banco Central.
Esto implicaría agudizar
la audacia por parte de la actual administración apelando a estrategias que
sustenten nacionalizaciones y
estatizaciones en el comercio exterior y el sistema financiero, como pregonan y
comparten huestes ideologizadas que conviven en el interior del kirchnerismo o de izquierdas opositoras, que
permitan controlar el excedente económico mediante la liquidación segura de divisas y “evitar la fuga”. Sin embargo,
aparentemente el gobierno ha desechado esta alternativa radicalizada, tal vez
por considerarla inviable y anacrónica en términos de gobernabilidad a estas
alturas de un capitalismo ultra-globalizado.
En un capitalismo local
profundamente oligopolizado e internacionalizado se ha preferido intentar normalizar
las relaciones con la comunidad financiera para poder acceder al flujo de los dólares frescos
que permitan relanzar el ciclo de consumo y crecimiento (y lograr de este modo
un techo más alto de la balanza de pagos); de allí la maratón de acuerdos
finalmente alcanzados con el Ciadi,
Repsol, Chevron, el Club de París, que ha tenido como dato no menor en términos
de soberanía, la ausencia del Fondo Monetario Internacional con sus conocidas
recetas.
Esta estrategia gubernamental
de acercamiento y conciliación a los mercados
financieros de crédito, tras las renegociaciones y reestructuraciones de deuda
con “quitas” históricas durante el gobierno de Néstor Kirchner, parecía encaminarse pero se topa con un fuerte
obstáculo a partir el conflicto desatado con los denominados fondos buitres (y
sus representante legal norteamericano
el juez Griesa) quienes, a diferencia
del 92% de los acreedores, exigen la totalidad del pago. El gobierno, en esta
tensión con los buitres, vuelve a mostrar su mejor versión en defensa de los
intereses soberanos del país, pero se traga el costo de aletargar los ingresos
de divisas suficientes que permitan una salida veloz de la recesión.