TENSIONES ENTRE LIBERALISMO Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA

El liberalismo, durante el siglo XVII como doctrina política y social nace progresista. Cuando al configurar el Estado de Derecho, John Locke -el padre de esta cosmovisión ideológica- busca  proteger los derechos, libertades y garantías individuales frente a las arbitrariedades provenientes de las monarquías absolutas medievales o pre-modernas.

La ingeniería institucional del liberalismo, de modo gradual y con el transcurrir de las décadas, se irá sofisticando con la implementación de la denominada  división de poderes estudiada y sostenida  por el Barón Montesquieu de Francia durante el siglo XVIII y la consagración de  aquellas libertades positivas para el ejercicio ciudadano como las de expresión, prensa, de asociación sugeridas por los utilitaristas ingleses Jeremias Bentham y  James Mill en siglo XIX. Todos  mecanismos constitucionales  que buscan  evitar la concentración de poder que pudiera violar los derechos  y garantías individuales, al mismo tiempo que procuran   un mejor control de los actos de gobierno de los representantes por parte de los  gobernados (Held David).

Esta ingeniería institucional liberal va a resultar ninguneada por las tradiciones de izquierda, acusándola  con el tradicional eufemismo de “burgués” puesto que asentada en una economía capitalista -entre las garantías y derechos individuales- la protección de  propiedad privada de los medios de producción adquiere una  relevancia medular (Katz Claudio).

Este diagnóstico peyorativo de las izquierdas euro-céntricas   y también asumidas por tradiciones nacionales-populares e izquierdas nacionalistas antimperialistas, en las décadas del  ‘40  al ’70,  en la periferia estuvo anclado en percepciones reales y consistentes en el contexto histórico.

Ese liberalismo que había nacido dotado de un espíritu progresistas en la historia, ese liberalismo que confería influencias anti-conservadoras  a las revoluciones dieciochescas, como las norteamericanas y francesas, mutaba en los siglos XIX y XX en  conservador y reaccionario frente al avance de la nueva clase subalterna: el proletariado.

Aquellos mecanismos constitucionales liberales que servían, en sus pasos inaugurales, para limitar el poder de los “reyes” y “nobles” se orientaron, con el transcurrir del tiempo, en un armazón destinado  a impedir, a obstaculizar o  a filtrar los intereses redistributivos o los sueños socializantes más radicales del nuevo sujeto (Boron Atilio).

A decir verdad, este espíritu conservador de la democracia liberal ya había sido anticipado por  un exponente central de la tradición liberal-norteamericana, Madison. Este autor, junto a Jay y Hamilton en el Federalista,  señalaba que el máximo peligro para las nuevas democracias lo configuraba la denominada “tiranía de la mayoría”, de allí la importancia de mecanismos institucionales como: la representación fiduciaria, el equilibrio de poderes y el sistema de frenos y contrapesos ante los idearios antifederalistas de democracia directa o cuasi-directa en clave rousseuniana. Estos proponían una relación más cercana entre representante (convertido en mero delegado)  y el pueblo, mandato imperativo mediante, y posibilidad de  rápida revocatoria de aquel en caso de traicionar a las   “bases” ( Gargarella Roberto).

Con la ampliación del  sufragio y la creciente concientización marxista entre fines del XIX y principios del XX con orientaciones reformistas o revolucionarias de los sectores proletarios en el avance de la modernidad, el temor de la burguesía ya no radica en la viejas monarquías sino en la “tiranía de la mayoría” proletaria. Temor que  conduce a generar y cristalizar fenómenos sociales y políticos dotados de una naturaleza monstruosa ultra-reaccionaria en la Europa civilizada durante  las primeras décadas del siglo pasado como el fascismo italiano y el nazismo alemán .

 Esas repugnantes experiencias demuestran que, cuando  las clases dominantes sienten cercana las amenazas a sus medios de producción privado olvidan la veneración, el respeto y la sacralización de  instituciones republicana-liberales.

En América latina las oligarquías, en la misma sintonía que sus primos europeos,  se sumaron al doble estándar. Mutando en dictaduras militares, tiran al tacho de la historia las instituciones democráticas si perciben que las mismas se transforman en amenazas distributivas  para sus propiedades. Igualmente, a diferencia de sus pares europeos, estos paladines defensores seudomoralistas del orden republicano  y sus voceros mediáticos, no tienen puritos para proseguir con sus retóricas y simbologías  liberales- republicanas en plenas experiencias castrenses. Todos o la mayoría de los golpes de estado se consuman con la justificación de defender y proteger la constitución y la república frente al cáncer populista o comunista (Forster  Ricardo).

Si experiencias democráticas redistributivas o con  pretensiones reparadoras en el plano social  generan reacciones autoritarias en los sectores poseedores, a mediados del siglo XX en la región, -lease peronismo, varguismo- el efervescente clima emancipador radicalizado de los ‘70 es percibido como de una naturaleza catastrófica para sus  intereses privados.

De modo directamente proporcional, si la percepción de amenaza de la propiedad privada se sobredimensiona,  mayor es la magnitud reaccionaria de las elites, agudizando su espíritu represivo mediante  formas inauditas de terror y  crueldad. Las burguesías vernáculas no son permeables a ningún límite ético en accionar represivo ante experiencias de orientación socializantes. Los regímenes militares que las expresan van hasta el tuétano mediante el uso ilegal del aparato represivo estatal y para-estatal  para extirpar el “cáncer” subversivo que invade un cuerpo social enfermo (O`Donnell Guillermo).

Igualmente, es sabido, la inutilidad y el desgobierno de los regímenes autoritarios  en el plano económico van a permitir el regreso de la democracia en los ‘80.

El regreso de la democracia, especialmente en la denominada “transición” ochentista, está vinculado a la tradición   democrático-liberal o demoliberal (Chantal Mouffe).  En esta noción de democracia  prevalecen  los elementos constitucionales. Se hace hincapié en la consolidación y el funcionamiento de los elementos formales, tales  como  el equilibrio de poderes, el sistema de frenos y contrapesos y el respeto por las garantías y derechos constitucionales. Estos mecanismos resultan fundamentales parar garantizar y consolidar el respeto de los derechos y libertades individuales tras la violación fragante de los mismos durante las dictaduras  que asolaron  la región durante la década del ‘70.

El problema de este regreso de la democracia es que, especialmente en los ‘90, se mezcla en simultaneo con el advenimiento de la hegemonía neoconservadora donde predominan las relaciones del mercado, ámbito  que contribuye a la apatía y la pasividad ciudadana y  a un predominio de la preocupación por lo privado en desmedro de los problemas públicos ( Sader, Emir).  Se  consolida una concepción  procedimental, schumpetereana del sistema democrático, vinculada a meros mecanismos de elección y selección de las elites,  donde prevalece la influencia de colosales   corporaciones económicas y mediáticas en un clima de creciente desafección de la sociedad hacia la política. Se trata de una democracia formal donde predominan los elementos constitucionales de representación y ciudadanía política y civil, pero alejada de pretensiones transformadoras sustanciales o igualitarias (Delgado García, Daniel). Democracias que  conviven con crecientes aumentos de pobreza y desigualdad   provocados por un neoliberalismo desnacionalizador, desestatizador. Democracias huecas que   diluyen  las soberanías estatales frente a las imperantes coordenadas financieras, comerciales y digitales volátiles de un “mundo globalizado”.

Sin embargo, en paralelo a una hegemonía conservadora, individualizante, apática y excluyente comenzaron a producirse procesos de re-ideologización y re-politización en movimientos sociales víctimas de la exclusión económica del denominado Consenso de Washington.

Los estallidos urbanos en la crisis argentina del 2001, las revueltas indígenas en el antiplano boliviano en defensa de sus recursos naturales, las rebeliones campesinas del Ecuador y el caracazo en Venezuela abrieron grieteas en la hegemonía neoliberal para que, vía procesos electorales, las luchas sociales rearticularan en niveles institucionales con la aparición de gobiernos nacionales y populares o neo-populistas de izquierda (  Follari  Roberto).

Gobiernos que si bien se  anclan en economías capitalistas periféricas tecnológicamente dependientes con alta vulnerabilidad externa, buscan espacios de autonomía estatal- popular, mediante nacionalizaciones y estatizaciones significativas, frente a las clases dominantes y  oligarquías locales e internacionales acostumbradas a mandar, y orientaciones  integracionistas  latinoamericanistas en la geopolítica exterior frente a las pretensiones hegemónicas   del norte. 

Ciertas  izquierdas vernáculas ortodoxas  o “estrictas” visualizan en las nuevas gestiones progresistas experiencias meramente neo-desarrollistas farsantes de una autentica y genuina  vocación izquierdista (Castillo Cristian).

Pero no son  poca cosa si pensamos que las aspiraciones populares y los idearios de las izquierdas se habían derrumbado a finales del siglo XX, en un contexto mundial signado por el derrumbe del “socialismo real” soviético y la hegemonía conservadora-neoliberal reinante que se llevaron puesta las conquistas sociales de las clases proletarias.

Por derecha, las elites dominantes, económicas y mediáticas y porciones de clases medias por ellas hegemonizadas perciben en éstas experiencias populares verdaderos peligros para las democracias de la región. Bombardean, desde las usinas mediáticas, alegando que los populismos implican experiencias nefastas para el orden republicano y para  las libertades y garantías constitucionales. No asumieron la misma repulsión, otrora,  frente  dictaduras militares que arrasaron con  cuanta garantía y derecho individual se les presentaba. Tal vez porque quedaban a salvo, protegidos, exceptuados la integridad del derecho a propiedad  y demás libertades de esos mismos sectores concentrados, mientras se violaban y suprimían la de sectores subalternos.

Visto esto,  a los poderes concentrados y patronales, más que el respeto canónico de las instituciones les horroriza, les causa exasperación la ampliación de ciudadanía y repolitización de vastos sectores de la población, que producen, generan estos “neopopulismos”.

Las elites, acostumbradas a formatos procedimentales y vacíos de democracia, se hallan aterrorizadas frente a gobiernos crispados que “dividen” a la sociedad. Les incomoda, horroriza el conflicto. Desean el consenso de una ciudadanía desideologizada  y desmovilizada que seleccione  los líderes de tanto en tanto y se vuelvan su cotidianeidad individualizada.

Las agendas democratizadoras de los gobiernos progresistas como las reformas en los poderes judiciales, la democratización del universo mediático o los intentos de captura estatal de rentas extraordinarias son presentadas como peligros, amenazas fragantes para los derechos individuales decimonónicos. Pero estos gobiernos neo-populistas, a diferencia de sus primos originales del siglo pasado, son respetuosos de las garantías y libertades civiles. Buscan rearticular los axiomas y elementos liberales propios del Estado de Derecho, visto otrora como  “burgués” por las viejas  izquierdas, otorgando no obstante, mayor vigor al componente democrático de las voluntades populares.

La democratización de la justicia, de sectores de la economía y de los campos audiovisuales implica tensiones entre la tradición democrática liberal y la tradición democrática popular o rouseauneana (Chantal Mouffe).

Estas nuevas izquierdas han descartado las fórmulas vanguardistas o “dictaduras del proletariado” por sus elementos autoritarios o elitistas de las izquierdas ortodoxas  (Bruschtein, Luis), pero han rescatado el espíritu democratizador al estilo “del viejo rousseau”, de una ciudadanía virtuosa, comprometida y participativa complementando los moldes institucionales típicos de la tradición  liberal.

Tras  las tenebrosas dictaduras que recorrieron Latinoamérica en los ’70, las nuevas izquierdas democráticas en la región rescatan o resignifican el sentido universal la ciudadanía civil y política como amalgama  protectora de  las democracias de la región, visto los intentos desestabilizadores que sufren las mismas desde los sectores reaccionarios de siempre.

Bibliografía consultada

- Bruschtein Luis, Golpe Blando, Pagina /12 15 de marzo del 2014.

-O`donnell Guillermo, Modernización y Autoritarismo, Bs As, Paidos, 1986.

-Katz Claudio, Las disyuntivas de la izquierda en América Latina, Bs As Luxemburg, 2008.

-Castillo Christian, La izquierda frente a la argentina kirchnerista, Bs As, Planeta, 2011.

-Forster Ricardo, El laberinto de las voces argentina, Bs As, Puñaladas,2008.

-Delgado Garcia  Daniel 2001, “Estado y Sociedad, la nueva relación a partir del cambio estructural”, Norma

-Follari Roberto 2012 “ La alternativa Neo-populista en América Latina” Miño y Davila.

 -Chantal Mouffe, 2013 “Hay que latinoamericarizar Europa” Pagina 12  2/10/2014.

-Sader Emir 2009 “El Nuevo Topo”, Clacso, Siglo XXI.

-Basualdo Eduardo, "Sistema Político y Modelo de Acumulación, Tres ensayos sobre la argentina actual". Cara o Ceca, 2011

-Boron Atilio 2000 “Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo”.

-Boron Atilio "Estado, Capitalismo y democracia en América Latina", Clacso, 2003.

 

-Held David, Modelos de democracia, México, Alianza 1992.

-Gargarella, Roberto, “En nombre de la Constitución. El legado federalista dos siglos después”, en Atilio A. Borón (comp), La filosofía política moderna, CLACSO Eudeba, Buenos Aires, 2001

JOHN LOCKE, J,J ROUSSEAU Y EL "ESTADO DE GUERRA EN CORDOBA"

John Locke, autor británico del siglo XVII, considerado el padre doctrinario del liberalismo en su búsqueda de fundamentar, legitimar el poder político, por fuera del poder divino y también de la tradición aristotélica, señalaba que anterior a toda sociedad o comunidad política existe un estado de naturaleza conformado por individuos libres que respetan espontáneamente sus derechos individuales sin ninguna necesidad de autoridad política.

Este hipotético estado de naturaleza está conformado por productores que respetan, sin necesidad de ningún tipo de coerción, los derechos individuales de sus pares, como lo son: el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. Sin embargo esta relativa armonía entre seres racionales es una situación provisoria según Locke porque pueden aparecer los “irracionales”, que ante la inexistencia de un  poder coercitivo legal concentrado, aprovechan para consumar actos delictivos. Los productores y comerciantes racionales, según Locke, ante esta situación vandálica de los irracionales defienden por “justicia propia” los derechos individuales, sobre todo el derecho a la propiedad  asumiendo incluso el derecho de matar  a los vándalos, los irracionales, los inadaptados, los violentos ante la ausencia de una magistratura en común. Esta situación es lo que Locke -siguiendo a otro autor inglés  como Tomas Hobbes-  denomina “estado de guerra”.

Alguna similitud con este estado de guerra,  fue el que se desató en estos días en la ciudad argentina de Córdoba con el advenimiento de “irracionales” invadiendo el ambiente de relativa calma en la relación entre comerciantes “racionales”. Estos, como sus homónimos del estado de guerra de  Locke, se creyeron con derecho a reaccionar mediante “justicia por mano propia”  ante los irracionales y así defender sus pertenencias ante la ausencia del poder coercitivo concentrado, es decir la policía estatal.

Locke, para evitar la guerra de todos contra todos, propone un pacto, un contrato entre los individuos donde cada uno cede su poder de “fuego particular”   en un poder común, es decir en el poder político que tendrá la función alienable de proteger los derechos individuales (recordemos: vida, libertad, propiedad) de las personas. En este caso se reflejaría en  el regreso de la policía cordobesa a sus funciones.

Rousseau, pensador francés del siglo XVIII, considerado el padre de las ideas democráticas modernas, va a percibir en  la fundación de la propiedad privada la raíz de todos los males del género humano. Con la consagración de la propiedad privada habrá personas a las que “les irá bien” por su capacidad natural, por esfuerzo y constituirá el sector de los ricos en la sociedad, y a otros “les ira mal”, serán los pobres. Esto incluye un proceso concentrador, donde los ricos  van usurpando terrenos  de los pobres  por lo que a su vez estos reaccionan con modos violentos, asaltando, violando y matando. Esta situación consagra el denominado estado de guerra que había planteado Locke, y anteriormente Hobbes. Según Rousseau esta situación calamitosa se soluciona mediante un pacto ficticio donde los ricos embaucan a los pobre mediante el convencimiento de la necesidad de la paz social logrando que cada uno ceda el uso de la fuerza particular al poder político que debe bregar por el bien común. Este es el pacto lockeano. Según Rousseau este pacto carece de toda igualdad porque detrás de la configuración de un poder político aparentemente igualitario permanece la división social entre “ricos y pobre”. De este modo, la desigual real queda consagrada, cristalizada con la desigualdad legal. El poder político no va a constituir sino un mero instrumento de dominación de ricos sobre los pobres. Pensemos en De la Sota y su capitalismo sojero cordobés.

Si  “paraleemos” Rousseau con Locke. Podemos ver que los racionales de Locke en realidad son los ricos en Rousseau, y los irracionales en Locke son los pobres en Rousseau. Para el primero el estado de guerra se desata por los irracionales. Como piensa mucha “buena gente”: el estado de guerra en Córdoba se desata por los ataques de los vándalos, “negros irracionales”, sin cuestionarse (en similitud con  Locke) porqué surgen estos irracionales. Daría la sensación, desde esta perspectiva, que los irracionales nacen “así” naturalmente, y no tienen “solución”. Por el contrario, con Rousseau se percibe que tal irracionalidad y el estado de guerra  se producen a raíz de la desigualdad que produce el nacimiento de la propiedad privada. 

Según Rousseau el hombre era feliz en el estado de naturaleza de una abundancia ilimitada. Es  el advenimiento de  la propiedad privada lo que divide a la  humanidad entre ricos (los racionales en Locke)  y pobre (los irracionales en Locke) dando origen a la anarquía o a la  guerra de todos contra todos. Igualmente, Rousseau no va proponer la supresión de la propiedad privada para intentar solucionar el problema de la desigualdad (esa “solución” va provenir un siglo después de la mano del marxismo), sino que va bregar por una  fuerte redistribución del ingreso que busque generar  una amplia clase media. Propuesta rousseoneana que viabilizada en  políticas públicas de corte progresistas o a través de actores políticos y sociales con vocación transformadora en la actualidad encuentran su límite con la negativa de los “racionales” en Córdoba, como en otras provincias del país, porque estarían afectando sus propiedades en beneficio de los pobres, de los irracionales.