(En un
contexto de auto-atamiento al poder financiero)
El titular de un artículo del diario
para-oficialista Clarín pregunta de modo sugerente “Por dónde pasará la tijera
del ajuste”(09/6/2017).
Posteriormente el desarrollo de dicho artículo
señala:
“Este año, el 56% del gasto público serán
las prestaciones de la ANSeS (jubilaciones, AUH, pensiones) y el PAMI”,
para completar:
“A eso hay que sumar otro rubro de gasto que
también tiene una alta inflexibilidad, los salarios públicos. Sumando los
sueldos de los empleados estatales más las universidades, representan el 17%
del gasto”.
Jubilaciones más sueldos estatales son el 73% del
gasto.
Subsidios a servicios esenciales y obra pública, el
resto.
La idea que complementa
dicho artículo es cerrar el déficit público este año apenas por encima del 4%.
Una forma clásica de disminuir el déficit fiscal es
devaluar la moneda nacional frente al dólar aplicando retenciones a las
exportaciones de los comodities, de esta manera se vería beneficiado el sector
exportador pero también el fisco con los ingresos extras de tal medida (1).
A su vez, esta
medida estimularía al “campo” a liquidar la cosecha que tiene incauta esperando
una devaluación pasadas las elecciones
de octubre.
Una
devaluación está dentro de los deseos de la burguesía agraria, la industria
exportadora y las mineras, pero suscita rechazo en estos sectores la reedición
de retenciones que afectan sus rentas extraordinarias; y en este sentido específico
coincide el gobierno que considera pertinente no aumentar la carga impositiva a
segmentos de la economía que percibe
dinamizadores del crecimiento, de las inversiones y por efecto derrame de la
generación de empleo.
Aunque en la
realidad concreta, como ha sucedido en este año y medio (con eliminación de
retenciones a segmentos del agro y minería), ese efecto de “derrame” viene siendo limitado y reducido
a algunas áreas rurales o semiurbanas con escaso beneficios para los
trabajadores y barriadas populares de las grandes áreas metropolitanas.
El gobierno podría devaluar a secas, sin reeditar
las retenciones y conseguir mayor capacidad recaudatoria por el 30% que cobra actualmente a la soja -"herencia"
de la gestión anterior-, a la vez que ajustaría de modo no nominal los salarios
achicando los costos laborales.
Sin embargo, es
poco probable que Cambiemos, aún después de las elecciones, tome el sendero de
ajuste macrodevaluatorio, no por piedad hacia los ingresos populares sino
porque ha ingresado a un esquema de dependencia estricta con el establishment financiero.
Veamos:
El macrismo
después del sablazo del 60% inicial a la moneda nacional, apenas iniciado su gestión,
ha ido autolimitando su capacidad de controlar la política cambiaria por el
feroz endeudamiento en lebacs a altas tasas de interés.
Renovar las
lebacs implica garantizarle al capital financiero cierta estabilidad en el
valor de la divisa norteamericana.
Es sabido, los “inversores” en lebacs son capitales
financieros volátiles, golondrinas que de avizorar un escenario devaluatorio
podrían no renovar sus bonos y generar una huida masiva hacia el dólar,
vaciando las reservas del Banco Central de un suspiro.
Esto generaría,
sin temor a exagerar, una especie de
“golpe de mercado” indigerible para
conservar la gobernabilidad.
Se trata de una verdadera bomba financiera en la que
se metió el propio gobierno mediante un fácil
y descomunal endeudamiento.
Así, sin control de la política cambiaria, porque
ahora el poder financiero decide el valor de la moneda, es el mismo poder
financiero el que define las características del ajuste a realizar.
Y el recorte para intentar menguar el déficit fiscal
y tener capacidad de pago para cubrir el endeudamiento pasa estrictamente por
la reducción del gasto público, como
señala el artículo de Clarín.
De allí la intransigencia del gobierno a no ceder más
del 20% de aumentos a docentes, personal público y jubilados a pesar que se avizora una inflación que
rondará entre 25%- 30% este año, por lo que los asalariados perderían
nuevamente frente al aumento de precios como en el 2016, año en el que se
cerraron paritarias del 34%, con
inflación del 42% (2).
Lo dicho, explicaría en parte, la brutalidad de
recortar incluso pensiones de discapacidad, en tanto no se descarta un escenario,
luego del octubre electoral, de “reformas” al sistema jubilatorio (desde la
prolongación en los años de actividad laboral, hasta el regreso de la gestión
privada), al mismo tiempo que, conjuntamente
con paritarias estatales a la baja se incrementen
los recortes de subsidios a servicios esenciales, como la luz, el agua.
Ajustes necesarios, recorte imprescindibles en la
percepción de Cambiemos, que demuestran las pleitesías y la dependencia, de la
actual gestión, al poder financiero local e internacional.
(1)Recordemos que la duplicación, al menos, o
incremento del déficit público ha sido, en el primer año y medio, producto de
ineficiente manejo macroeconómico del PRO, que además de perder capacidad
recaudatoria con la eliminación o reducción de las retenciones a las
exportaciones, perdió capacidad recaudatoria
producto de sumergir al país en una recesión provocada por la caída de
la demanda agregada y el consumo.
Recesión o caída en el nivel de actividad que en los
últimos meses parece haber tocado algún piso, pero con “rebotes” breves, que no
alcanzan para pronosticar un crecimiento perdurable en el tiempo.
(2) Estos números promedio del 34% de paritarias del
2016 pertenecen a los trabajadores del sector público y a los registrados en la
actividad privada. Mucha peor suerte les tocó a los trabajadores informales o en “negro”.
